Declaración de Santiago de Compostela sobre el Derecho Humano a la Paz
10 de diciembre de 2010
El Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a Paz,
Reunido los días 9 y 10 de diciembre de 2010 en Santiago de Compostela con ocasión del Foro 2010 o Foro Social Mundial sobre la Educación para la Paz,
Teniendo en cuenta las declaraciones, conclusiones y recomendaciones formuladas en las conferencias y reuniones regionales de personas expertas sobre el derecho humano a la paz que ya se han celebrado en Ginebra (Conferencia Mundial de ONG para la Reforma de las Instituciones Internacionales, noviembre de 2006); México (diciembre de 2006); Bogotá, Barcelona y Addis Abeba (Etiopía) (marzo de 2007); Caracas y Santo Domingo (abril de 2007); Morelia (México), Bogotá, Oviedo y Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos) (mayo de 2007); Washington, Nairobi (Kenya) y Ginebra (junio de 2007); Feldkirch (Austria) (agosto de 2007); Ginebra (11, 12 y 21 de septiembre de 2007), Luarca (Asturias) (28 de septiembre de 2007), Madrid (23 de octubre de 2007), Monterrey (1º de noviembre de 2007); México DF, Ginebra, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza y Navia (Asturias) (diciembre de 2007); con ocasión del período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las NU en Nueva York (febrero de 2008); Parlamento de Cataluña (Barcelona), Ginebra, Dakar, Madrid, Valencia (abril de 2008); Roma y Gwangju (República de Corea) (mayo de 2008); Ginebra y Bilbao (junio de 2008); Ginebra y Cartagena (julio de 2008); Paris, Toledo, Ginebra, Zaragoza y Montevideo (septiembre de 2008); Oviedo, Alcalá, Turín, Nueva York y Parlamento Vasco (Vitoria) (octubre de 2008); La Plata y Buenos Aires (Argentina), y Bosco Marengo (Italia) (noviembre de 2008); Luxemburgo, Ginebra y Barcelona (diciembre de 2008); Ginebra y Barcelona (enero de 2009); Yaundé, Camerún (febrero de 2009); Ginebra y Nueva York (marzo de 2009); Johannesburgo, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela y Bangkok (abril 2009); Trevi (Italia), México y Sevilla (mayo de 2009); Ginebra (junio de 2009); Ciudad de México y Morelia (julio de 2009); San Sebastián (agosto de 2009); Ginebra y Valdés (Asturias) (septiembre de 2009); Caso y Cangas de Onís (Asturias), Alcalá de Henares y Sarajevo (octubre de 2009); Las Palmas de Gran Canaria, Universidades de Berkeley (EE.UU.) y Ginebra (noviembre de 2009); Alejandría (Egipto) y Ginebra (diciembre de 2009); La Habana (Cuba) y Ginebra (enero de 2010); Ginebra y Bilbao (febrero de 2010); Ginebra y Nueva York (marzo de 2010); Luarca (Asturias), México D.F. y municipio de Telde, Gran Canaria (abril de 2010); Nueva York, Congreso de los Diputados (Madrid), Bilbao y Barcelona (mayo de 2010); Barcelona, Ginebra, Kampala y Santiago de Compostela (junio de 2010); Las Palmas de Gran Canaria (julio de 2010); Ginebra, Buenos Aires y Montevideo (agosto de 2010); Toledo, Ginebra, Nueva York y Barcelona (septiembre de 2010); Chipre, Oviedo, Alcalá de Henares y Lanzarote (octubre de 2010); Soria, Bilbao, Berriz (País Vasco) y Caracas (noviembre de 2010),
Destacando el informe sobre los resultados del taller de personas expertas sobre el derecho de los pueblos a la paz (Ginebra, 15 y 16 de diciembre de 2009); la resolución 14/3, de 17 de junio de 2010, por la que el Consejo de Derechos Humanos pidió al Comité Asesor que preparase un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz; y la recomendación 5/2 del Comité Asesor, de 6 de agosto de 2010, por la que estableció un grupo de redacción de cuatro miembros,
Destacando igualmente las adhesiones al proceso de codificación internacional del derecho humano a la paz recibidas del Parlamento de Cataluña (26 de febrero de 2009); la Federación Asturiana de Concejos que integra a los 78 municipios del Principado de
Asturias (Sariego, 10 de julio de 2009); la Junta General del Principado de Asturias (9 de octubre de 2009); el Cabildo de Gran Canaria (26 de marzo de 2010); los Ayuntamientos de Telde y Santa Lucía (Gran Canaria, abril y mayo de 2010); la Asamblea de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Buenos Aires, 11 de agosto de 2010); la Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz (Limassol, Chipre, 7 de octubre de 2010); la Declaración de Lanzarote sobre el Derecho Humano a la Paz (29 de octubre de 2010); los municipios vascos reunidos en Berriz (12 de noviembre de 2010); y la Universidad Central de Venezuela (Caracas, 18 de noviembre de 2010),
Teniendo especialmente en cuenta la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz (30 de octubre de 2006), la Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz (24 de febrero de 2010), así como la Declaración de Barcelona sobre el Derecho
Humano a la Paz (2 de junio de 2010) aprobadas por tres Comités de redacción diferentes compuestos de personas expertas independientes; así como las Declaraciones regionales sobre el derecho humano a la paz formuladas por personas expertas de la sociedad civil internacional en La Plata (Argentina) (noviembre de 2008), Yaundé (Camerún) (febrero de 2009), Bangkok (Tailandia) (abril de 2009), Johannesburgo (Sudáfrica) (abril de 2009), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) (octubre de 2009), Alejandría (Egipto) (diciembre de 2009), y La Habana (Cuba) (enero de 2010),
1. Acuerda, por consenso, aprobar en el lugar anteriormente indicado y con la intención de que la Asamblea General de las Naciones Unidas la haga suya en un futuro cercano, la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, cuyo texto figura en el Anexo de la presente resolución;
2. Pide a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG e instituciones asociadas, difundir, exponer y dar a conocer ampliamente la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz por todo el mundo.
Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2010
Declaración de Santiago
sobre el Derecho Humano a la Paz
—Preámbulo—
La Asamblea General,
(1) Considerando que, de conformidad con el Preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los propósitos y principios que la misma enuncia, la paz es un valor universal, la razón de ser de la Organización, así como precondición y consecuencia del disfrute de los derechos humanos por todos;
(2) Considerando que la aplicación adecuada, uniforme y no selectiva del derecho internacional es indispensable para la consecución de la paz; y recordando que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, identifica como propósito fundamental de la
Organización el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a través, inter alia, del desarrollo económico y social de los pueblos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sin ningún tipo de discriminación;
(3) Reconociendo la concepción positiva de la paz, que va más allá de la estricta ausencia de conflicto armado y que se vincula a la eliminación de todo tipo de violencia, ya sea directa, política, estructural, económica o cultural en los ámbitos público y privado, lo que exige el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos como condición para satisfacer las necesidades de los seres humanos, así como el respeto efectivo de todos los derechos humanos y de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana;
(4) Considerando que la paz es inseparable de la diversidad de la vida y las culturas, siendo la identidad la base de la vida; y afirmando, por tanto, que el derecho a la vida es el más importante entre todos los derechos, del cual derivan otros derechos y libertades,
especialmente el derecho de todas las personas a vivir en paz;
(5) Recordando que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas estipula que los Estados Miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia; y que los Estados Miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos y principios enunciados en la Carta;
(6) Considerando que el sistema de las Naciones Unidas comparte en su conjunto este
ideario, puesto que “la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social” (Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, OIT); aspira a elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos y erradicar del hambre (Constitución de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO); y
afirma que “la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad” (Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS);
(7) Consciente de la vulnerabilidad y dependencia de la vulnerabilidad y dependencia de
todo ser humano, y de que determinadas circunstancias convierten en especialmente
vulnerables a algunos grupos y personas; así como de la necesidad y el derecho que tienen todas las personas de vivir en paz y de que se establezca un orden social, interno e internacional, en el que la paz sea exigencia prioritaria, de manera que se hagan plenamente efectivos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
(8) Considerando que la educación es indispensable para establecer una cultura universal de paz y que, conforme al preámbulo de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”; y teniendo en cuenta el Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia adoptado por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1989;
(9) Recordando igualmente la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la
incitación al odio y a la violencia, de conformidad con el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que han de ser compatibles con el pleno
respeto de la libertad de expresión;
(10) Teniendo en cuenta los principios y normas consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del trabajo, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal y el derecho internacional de los refugiados; y que, conforme a estos principios y normas, los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles e inter-independientes, y reafirman la dignidad y el valor de la persona humana, especialmente los niños y jóvenes, así como la igualdad de derechos de mujeres y hombres;
(11) Recordando igualmente las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, entre
otras, la resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 sobre las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados; la resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974 sobre la definición de la agresión; la resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974, por la que hace suya la “Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición”; la resolución 3384 (XXX) de 10 de noviembre de 1975, titulada “Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad”; la resolución 33/73 de 15 de diciembre de 1978, titulada “Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz”; la resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, titulada “Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz”; la resolución 53/243 de 13 de septiembre de 1999, titulada “Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz”; la resolución 55/2 de 5 de septiembre de 2000, titulada “Declaración del Milenio”, reiterada en la resolución 60/1 de 15 de septiembre de 2005, titulada “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”; y la resolución 55/282 de 7 de septiembre de 2001, por la que se invita a observar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año;
(12) Preocupada por el deterioro constante y progresivo del medio ambiente y por la
necesidad y la obligación de asegurar a las generaciones presentes y futuras una vida en paz y en armonía con la naturaleza, salvaguardando su derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; y recordando, entre otros instrumentos, la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, de 16 de junio de 1972; la Carta Mundial de la Naturaleza contenida en la Resolución 37/7 de la Asamblea General, de 28 de octubre de 1982; la Convención sobre la diversidad biológica, de 5 de junio de 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, de 9 de mayo de 1992 y el Protocolo de Kyoto de 11 de diciembre de 1997; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 14 de junio de 1992; la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, de 14 de octubre de 1994; la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos medioambientales, de 25 de junio de 1998; y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, de 4 de septiembre de 2002;
(13) Constatando que el compromiso a favor de la paz es un principio general del derecho internacional, de conformidad con el artículo 38.1.c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según reconoció la Consulta internacional de expertos representantes de 117 Estados sobre el derecho humano a la paz, celebrada en París en marzo de 1998;
(14) Recordado la Declaración de Estambul, aprobaba por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja mediante su resolución XIX (1969), en la que se declara que el ser humano tiene derecho a disfrutar de una paz duradera; la resolución 5/XXXII (1976) de la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se afirma que toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de paz y seguridad internacional; y las resoluciones 8/9 (18 de junio de 2008) y 11/4 (17 de junio de 2009) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la promoción del derecho de los pueblos a la paz;
(15) Recordando los compromisos asumidos por los Estados africanos en virtud del Acta Constitutiva de la Unión Africana, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, el Protocolo de la Carta Africana relativa a los derechos de la mujer en África; los compromisos contraídos por los Estados en el ámbito interamericano en virtud de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador; el Tratado constitutivo del Parlamento Latinoamericano y, en el ámbito iberoamericano, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes; los instrumentos asiáticos vinculados a la paz como la Declaración de Bangkok, la Carta de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático y la Carta Asiática de Derechos Humanos, así como los términos de referencia de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; el compromiso de los Estados árabes a favor de la paz expresado en la Carta de la Liga de Estados Árabes y en la Carta Árabe de Derechos Humanos; el compromiso de los Estados islámicos en favor de la paz expresado en la Carta de la Organización de la Conferencia Islámica; así como los compromisos adquiridos en el marco del Consejo de Europa en virtud de su Estatuto, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la Carta Social Europea y de otras convenciones; y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea;
(16) Preocupada por la producción de armas, la carrera de armamentos y su tráfico
desmesurado e incontrolado, que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales; por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados sectoriales en materia de desarme y, en especial, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares; lo cual obstaculiza la realización del derecho al desarrollo;
(17) Considerando que la comunidad internacional requiere la codificación y desarrollo
progresivo del derecho humano a la paz como derecho con entidad propia, vocación
universal y carácter intergeneracional;
(18) Preocupada por las violaciones flagrantes y sistemáticas cometidas en tiempos de paz, e invitando a la Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional a considerar este tipo de violaciones como crímenes contra el derecho humano a la paz;
(19) Reconociendo las aportaciones de las mujeres a los procesos de paz y subrayando la importancia de su participación en todos los niveles de adopción de decisiones, como ha sido reconocido por la Asamblea General, en sus resoluciones 3519 de 1975 y 3763 de 1982, y por el Consejo de Seguridad, en sus resoluciones 1325 (2000), 1820, 1888 y 1889 (2009); así como enfatizando la implementación plena y efectiva de la resolución 1325 sobre las mujeres y la paz y seguridad;
(20) Afirmando igualmente que el logro de la paz es responsabilidad compartida de las
mujeres y los hombres, pueblos y Estados, organizaciones internacionales, sociedad civil, empresas y otros actores sociales y, en general, de toda la comunidad internacional;
(21) Considerando que la promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia social deben de contribuir al establecimiento de relaciones globales económicas más justas que facilitarán el cumplimiento de los propósitos de esta Declaración, al eliminar las desigualdades, la exclusión y la pobreza, porque generan violencia estructural que es incompatible con la paz a nivel interno e internacional;
(22) Afirmando que la paz debe estar basada en la justicia y que, por tanto, todas las
víctimas sin discriminación tienen derecho a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, así como a una reparación efectiva de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, que aprueba los
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, contribuyendo así a la reconciliación y al establecimiento de una paz duradera;
(23) Consciente de que la impunidad es incompatible con la paz y la justicia; y
considerando que toda institución militar o de seguridad debe estar plenamente subordinada al estado de derecho, al cumplimiento de las obligaciones que derivan del derecho internacional, al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y a la consecución de la paz; y que, por tanto, la disciplina militar y el cumplimiento de órdenes superiores deben estar subordinados al logro de esos objetivos;
(24) Preocupada por la impunidad y por las actividades cada vez más frecuentes de
mercenarios y compañías privadas militares y de seguridad; la atribución al sector privado de las funciones de seguridad que son propias del Estado, así como por la creciente privatización de la guerra;
(25) Afirmando que la paz implica el derecho de todas las personas a vivir y permanecer en sus respectivos países; conscientes de que los éxodos en masa y los flujos migratorios son frecuentemente involuntarios y obedecen a peligros, amenazas y quebrantamientos de la paz; y convencida de que, para asegurar el derecho a la seguridad humana y el derecho de toda persona a emigrar y establecerse pacíficamente en el territorio de otro Estado, la comunidad internacional debe definir con urgencia un régimen internacional de las migraciones;
(26) Convencida igualmente de que la paz ha sido y continúa siendo un anhelo constante de todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que todas las personas debemos unir nuestros esfuerzos a favor de la realización efectiva de la paz;
(27) Rindiendo tributo a todos los movimientos, iniciativas e ideas por la paz que han
marcado la historia de la humanidad y que han cristalizado recientemente en importantes contribuciones, incluyendo el Programa de La Haya por la Paz y la Justicia para el siglo XXI, aprobado en 1999 por la Conferencia del Llamamiento de La Haya por la Paz1; la Carta de la Tierra adoptada en La Haya en junio de 2000 y la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2010, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra;
(28) Afirmando que el derecho humano a la paz no será efectivo sin la realización de la
igualdad de derechos y el respeto de las diferencias basadas en el género; sin el respeto de los diferentes valores culturales y creencias religiosas que sean compatibles con los
derechos humanos universalmente reconocidos; y sin la eliminación del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia;
(29) Convencida de que es urgente y necesario que todos los Estados reconozcan la paz
como un derecho humano y aseguren su disfrute por todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin ninguna distinción, independientemente de la raza, la descendencia, el origen nacional, étnico o social, el color, el sexo, la orientación sexual, la edad, el idioma, la religión o la convicción, la opinión política o de otra índole, la posición económica o el patrimonio, la diversidad funcional física o mental, el estado civil, el nacimiento o cualquier otra condición;
1 Doc. A/54/98, de 20 de mayo de 1999
Proclama la siguiente Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz:
Parte I
Elementos del derecho humano a la paz
Sección A. Derechos
Artículo 1
Titulares y deudores
1.- Las personas, los grupos, los pueblos y toda la humanidad tienen el derecho inalienable a una paz justa, sostenible y duradera. En virtud de ello, son titulares de los derechos y libertades reconocidos en esta Declaración.
2.- Los Estados, individualmente, en conjunto o como parte de organizaciones
multilaterales, son los principales deudores del derecho humano a la paz. Este derecho se realizará sin distinción alguna y sin discriminación por razón de raza, descendencia, origen nacional, étnico o social, color, sexo, orientación sexual, edad, idioma, religión o
convicción, opinión política o de otro tipo, posición económica o patrimonio, diversidad
funcional física o mental, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
3.- Todas las personas y los pueblos sujetos a agresión, genocidio, racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así como al apartheid, colonialismo y neocolonialismo, merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz.
Artículo 2
Derecho a la educación en y para la paz y los demás derechos humanos
1.- La educación y socialización por la paz es condición sine qua non para desaprender la guerra y construir identidades desligadas de la violencia.
2.- Toda persona tiene derecho a recibir, en condiciones de igualdad de trato, una educación en y para la paz y los demás derechos humanos. Esta educación debe ser el fundamento de todo sistema educativo; generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo; incorporar una perspectiva de género; facilitar la resolución no violenta de los conflictos; y ayudar a pensar las relaciones humanas en el marco de una cultura de la paz.
3.- Toda persona tiene derecho a solicitar y adquirir competencias útiles con el fin de
participar en la transformación o prevención y resolución creativa y no violenta de los
conflictos a lo largo de su vida. Estas competencias deberán ser adquiridas a través de la
educación formal y no formal.
Artículo 3
Derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano
1.- Toda persona tiene derecho a la seguridad humana, lo que incluye la libertad frente al miedo y frente a la necesidad, ambos elementos de la paz positiva.
2.- Los pueblos y los seres humanos tienen derecho a vivir en un entorno privado y público que sea seguro y sano, así como a recibir protección contra cualquier acto de amenaza o de violencia física o psicológica, con independencia de su procedencia estatal o no estatal.
3.- Los pueblos y los seres humanos tienen derecho a exigir a sus gobiernos que apliquen efectivamente el sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio de arreglo pacífico de controversias, con pleno respeto a las normas del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
4.- La libertad frente a la necesidad implica el disfrute del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
a.) el derecho a la alimentación, agua potable y saneamiento, salud, abrigo, vivienda
y educación;
b.) el derecho al trabajo y a disfrutar de condiciones laborales y sindicales dignas; el
derecho a la igualdad de remuneración entre las personas que desarrollen la misma
ocupación o prestación; el derecho a acceder a prestaciones sociales en condiciones de
igualdad de trato; así como el derecho al descanso.
Artículo 4
Derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible
1.- La realización del derecho humano a la paz y la erradicación de la violencia estructural requieren que toda persona y todo pueblo tengan el derecho inalienable a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
2.- Toda persona y todo pueblo tienen derecho a que se eliminen los obstáculos que
impiden la realización del derecho al desarrollo, tales como el servicio de la deuda externa injusta o insostenible y sus condicionalidades, o el mantenimiento de un orden económico internacional injusto, porque generan pobreza y exclusión social.
3.- Toda persona y pueblo tienen derecho a vivir en un medio ambiente sostenible y seguro, como base para la paz y para la supervivencia de la humanidad.
4.- El uso de armas que dañen el medio ambiente, en particular las armas radioactivas y de destrucción masiva, es contrario al derecho internacional humanitario, al derecho al medio ambiente y al derecho humano a la paz. Tales armas deben ser urgentemente prohibidas y los Estados que las utilicen tienen la obligación de restaurar el medio ambiente al estado en que se encontraba anteriormente, reparando todos los daños ocasionados.
Artículo 5
Derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia
1.- Las personas y los pueblos tienen derecho a no ser considerados como enemigos por
ningún Estado
2.- Toda persona, individualmente o en grupo, tiene el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz.
3.- Toda persona, individualmente o en grupo, tiene el derecho a obtener el estatuto de
objeción de conciencia frente a las obligaciones militares.
4.- Los miembros de toda institución militar o de seguridad tienen derecho a no participar en guerras de agresión, operaciones militares no autorizadas por las Naciones Unidas u otras operaciones armadas, internacionales o internas, que violen los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Tienen también el derecho de desobedecer órdenes manifiestamente contrarias a los
principios y normas citados. Además, tienen la obligación de desobedecer órdenes de
cometer o participar en genocidios, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. La obediencia debida no exime del cumplimiento de estas obligaciones, y la desobediencia de esas órdenes no constituirá en ningún caso delito militar.
5.- Toda persona, individualmente o en grupo, tiene derecho a no participar en —y a
denunciar públicamente— la investigación científica para la producción o el desarrollo
armamentístico.
6.- Toda persona, individualmente o en grupo, tiene el derecho a la objeción laboral y
profesional, así como a la objeción fiscal al gasto militar, ante operaciones de apoyo a
conflictos armados que sean contrarias al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Los Estados proporcionarán alternativas aceptables a los contribuyentes que se oponen a la utilización de sus impuestos para fines militares.
7.- Toda persona, individualmente o en grupo, tiene derecho a ser protegida en el ejercicio efectivo de su derecho a la desobediencia y a la objeción de conciencia.
Artículo 6
Derecho de resistencia contra la opresión
1.- Toda persona y todo pueblo tienen derecho a resistir y oponerse a todos los regímenes que cometan crímenes internacionales u otras violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación de los pueblos, de acuerdo con el derecho internacional.
2.- Las personas y los pueblos tienen derecho a oponerse a la guerra; a los crímenes de
guerra, genocidio, agresión, apartheid y otros crímenes de lesa humanidad; a las
violaciones de otros derechos humanos universalmente reconocidos; a toda propaganda a favor de la guerra o de incitación a la violencia; y a las violaciones del derecho humano a la paz, según se define en la presente Declaración. La glorificación de la violencia y su justificación como necesaria para construir el futuro y permitir el progreso será prohibida por ley.
Artículo 7
Derecho al desarme
1.- Las personas y los pueblos tienen derecho a exigir a todos los Estados que procedan,
conjuntamente y coordinadamente y dentro de un plazo razonable, a un desarme general y completo, bajo estricto y eficaz control internacional. En particular, los Estados deben
eliminar urgentemente todas las armas de destrucción masiva o de efecto indiscriminado, incluidas las armas nucleares, químicas o biológicas. Además, los Estados adoptarán medidas eficaces y coordinadas con el fin de eliminar gradualmente sus ejércitos y bases militares extranjeras.
2.- Las personas y los pueblos tienen derecho a que los recursos liberados por el desarme sean destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y a la justa redistribución de las riquezas, atendiendo especialmente a las necesidades de los países más pobres y de los grupos en situación de vulnerabilidad, de manera que se ponga fin a las desigualdades, la exclusión social y la pobreza extrema.
3.- Los Estados deben prohibir y abstenerse de atribuir a contratistas privados funciones
militares y de seguridad propias del Estado.
Artículo 8
Libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión
1.- Las personas y los pueblos tienen derecho a recibir y a acceder a una información
procedente de diversas fuentes y sin censura, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de no verse manipulados a favor de objetivos bélicos o
agresivos.
2.- Las personas y los pueblos tienen derecho a denunciar cualquier hecho que amenace o viole el derecho humano a la paz, y a participar libremente en actividades o iniciativas
políticas, sociales y culturales pacíficas para la defensa y promoción del derecho humano a la paz, sin interferencias de los poderes públicos o de intereses privados.
3.- Las personas y los pueblos tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de
violencia cultural. Con este fin, las personas deben gozar plenamente de sus libertades de pensamiento, conciencia, expresión y religión, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Artículo 9
Derecho al refugio
1.- Toda persona tiene derecho a solicitar refugio y a disfrutar de él sin discriminación, en los supuestos siguientes:
a.) En caso de sufrir persecución por actividades a favor de la paz y los demás
derechos humanos, o por reclamar su derecho a la objeción de conciencia en contra de la guerra o del servicio militar;
b.) En caso de temor fundado de persecución por agentes estatales o no estatales,
por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un
determinado grupo social, opiniones políticas, estado civil o cualquier otra condición;
c.) En caso de tener que huir de su país o lugar de origen o procedencia porque su
vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
2.- El estatuto del refugiado debe incluir, entre otros, el derecho a retornar voluntariamente a su país o lugar de origen o procedencia, de forma digna y con las debidas garantías, una vez extinguidas las causas de persecución y, en su caso, finalizado el conflicto armado.
Artículo 10
Derecho a emigrar y a participar
1.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a emigrar si están seriamente
amenazados su derecho a la seguridad humana o su derecho a vivir en un entorno seguro y sano, en los términos enunciados en el Artículo 3 de la presente Declaración.
2.- A fin de promover la inclusión social y evitar la violencia estructural que genera la
discriminación en el disfrute de los derechos humanos, las personas migrantes tienen
derecho a participar, individualmente o colectivamente, en los asuntos públicos del país
donde tengan su residencia habitual, así como a beneficiarse de mecanismos e instituciones específicos de participación, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Artículo 11
Derechos de las víctimas
1.- Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho, sin
discriminación, a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, y a una
reparación efectiva que les proteja ante violaciones de los derechos humanos,
particularmente del derecho humano a la paz.
2.- Toda persona tiene el derecho imprescriptible e irrenunciable a obtener justicia ante
violaciones de sus derechos humanos, lo que comprenderá la investigación y determinación de los hechos, así como la identificación y sanción a los responsables.
3.- Las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en
general tienen el derecho imprescriptible de conocer la verdad
4.- Toda víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, a que se restablezcan sus derechos conculcados; a obtener una reparación integral y efectiva, incluido el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a
garantías de no repetición. Estos remedios no serán obstáculo para recurrir a tribunales
populares o de conciencia y a instituciones, métodos, tradiciones o costumbres locales de resolución pacífica de conflictos, que sean admitidos por la víctima como medios
aceptables de reparación.
Artículo 12
Grupos en situación de vulnerabilidad
1.- Todas las personas comparten la misma dignidad humana y tienen igual derecho a la
protección. No obstante, existen grupos en situación de particular vulnerabilidad que
merecen una protección especial. Entre ellos figuran las mujeres en determinadas
situaciones, los menores de edad, las víctimas de desaparición forzada o involuntaria, las personas con diversidad funcional física o mental, las personas mayores, las personas desplazadas, los migrantes, las minorías, los refugiados y los pueblos indígenas.
2.- Los Estados garantizarán la evaluación de los efectos específicos que producen las
diferentes formas de violencia en el disfrute de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Los Estados también tienen la obligación de asegurar la adopción de medidas correctoras, incluido el reconocimiento del derecho de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a participar en la adopción de tales medidas.
3.- Los Estados, las organizaciones internacionales, en particular Naciones Unidas, y la
sociedad civil facilitarán la aportación específica de las mujeres en la prevención, gestión y resolución pacífica de controversias, y promoverán su contribución en la construcción, la consolidación y el mantenimiento de la paz después de los conflictos. Con este fin, velarán para que, en todos los niveles de toma de decisiones en esos ámbitos, aumente la representación de las mujeres en las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales.
4.- Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas humanamente y a que se respete su vida, dignidad e integridad física y moral. En el caso de los niños y las niñas, la detención se impondrá exclusivamente como último recurso y se limitará a casos excepcionales. Los Estados asegurarán condiciones de reclusión que favorezcan la
rehabilitación e inclusión de las personas privadas de libertad, en especial, de los niños y los jóvenes, asegurando su formación, capacitación y desarrollo integral.
5.- La desaparición forzada o involuntaria de personas constituye un crimen contra la
humanidad. Sus víctimas tienen derecho al reconocimiento de su detención, a recuperar la libertad y a obtener una reparación íntegra, efectiva, justa y adecuada.
6.- Los pueblos indígenas tienen todos los derechos que les garantiza el derecho
internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a vivir en sus tierras, a disfrutar de sus riquezas naturales y a la protección efectiva de su patrimonio cultural.
Sección B. Obligaciones
Artículo 13
Obligaciones para la realización del derecho humano a la paz
1.- La realización efectiva y práctica del derecho humano a la paz comporta necesariamente deberes y obligaciones para los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, los pueblos, las personas, las empresas, los medios de comunicación y otros actores sociales y, en general, toda la comunidad internacional.
2.- La responsabilidad esencial para la preservación de la paz y la protección del derecho humano a la paz incumbe a los Estados y también a las Naciones Unidas como el organismo más universal que armoniza los esfuerzos concertados de las naciones para
realizar los propósitos y principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas.
3.- Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo y la
protección del medio ambiente, incluidas las estrategias de preparación ante las catástrofes, cuya ausencia constituye una amenaza a la paz. Los Estados tienen la obligación de cooperar en todos los ámbitos necesarios para la consecución del derecho humano a la paz, en particular aplicando los compromisos existentes para promover y proveer de mayores recursos la cooperación internacional para el desarrollo.
4.- Los Estados tienen también la obligación de adoptar medidas para construir y consolidar la paz y tienen la responsabilidad de proteger a la humanidad del flagelo de la guerra. No obstante, esto no podrá ser interpretado por ningún Estado como derecho para intervenir en el territorio de otros Estados.
5.- La Organización de las Naciones Unidas debe ser fortalecida en su doble función de
prevenir las violaciones y proteger los derechos humanos y la dignidad humana, incluido el derecho humano a la paz. En particular, corresponde a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos y a otros órganos competentes, la adopción de medidas efectivas para proteger los derechos humanos frente a violaciones que puedan constituir un peligro o una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
6.- El sistema de las Naciones Unidas debe implicarse de manera plena y efectiva, a través de la Comisión de Consolidación de la Paz, en cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, en la elaboración de estrategias integrales para la paz y por la reconstrucción de países afectados tras el fin de los conflictos armados. Tales estrategias deben asegurar fuentes estables de financiación y la coordinación efectiva dentro del sistema las Naciones Unidas. En este contexto, debe aplicarse efectivamente el Programa de Acción para una Cultura de Paz, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
7.- Toda acción militar fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas es inaceptable, constituye una gravísima violación de los principios y propósitos de la Carta y es contraria al derecho humano a la paz. La denominada “guerra preventiva” constituye un crimen contra la paz.
8.- A fin de garantizar mejor el derecho humano a la paz y reflejar y asegurar mejor la
representación de la comunidad internacional actual, la composición y los procedimientos del Consejo de Seguridad deberán ser revisados. Los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad deben ser transparentes y permitir la participación significativa en sus debates de la sociedad civil y otros actores.
Parte II
Aplicación de la Declaración
Artículo 14
Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el Derecho Humano a la Paz
1.- Se establecerá un Grupo de Trabajo sobre el Derecho Humano a la Paz (denominado, en adelante, el Grupo de Trabajo). Estará compuesto por diez miembros y asumirá las funciones que establecidas en el Artículo 15.
2.- El Grupo de Trabajo estará compuesto de expertos nacionales de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, quienes realizarán sus funciones con completa independencia y a título personal.
3.- En su elección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.) Los expertos habrán de tener una alta consideración moral, imparcialidad e
integridad, así como acreditar una experiencia prolongada y suficiente en cualquiera de los ámbitos enunciados en la Parte I de la presente Declaración;
b.) Distribución geográfica equitativa y representación de las diferentes formas de
civilización y de los principales sistemas jurídicos del mundo;
c.) Asegurar una representación equilibrada de géneros; y
d.) No podrá haber dos expertos nacionales de un mismo Estado.
4.- Los miembros del Grupo de Trabajo serán elegidos mediante una votación secreta en
una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de una lista de
candidatos propuestos por los Estados Miembros y por organizaciones de la sociedad civil.
Resultarán elegidos los diez candidatos que obtengan el mayor número de votos y una
mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes. La elección inicial tendrá lugar, a más tardar, tres meses después de la fecha de aprobación de la presente Declaración.
5.- Los expertos serán elegidos por cuatro años y podrán ser reelegidos una sola vez.
6.- El Grupo de Trabajo se renovará por mitades cada dos años.
Artículo 15
Funciones del Grupo de Trabajo
1.- El Grupo de Trabajo tienen la función principal de promover la observancia y la
aplicación de la presente Declaración. En el ejercicio de su mandato tiene las siguientes
funciones:
a.) Promover mundialmente el respeto y la conciencia del derecho humano a la paz
actuando con discreción, objetividad e independencia, y adoptando un enfoque integral que tenga en cuenta la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos
humanos y la imperiosa necesidad de conseguir la justicia social internacional;
b.) Recabar, reunir y reaccionar eficazmente ante toda información pertinente que
proceda de los Estados, organizaciones internacionales y sus órganos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, particulares interesados y cualquier otra fuente fidedigna;
c.) Realizar investigaciones in loco sobre violaciones del derecho humano a la paz e informar a los órganos pertinentes;
d.) Dirigir, cuando lo considere apropiado, recomendaciones, llamamientos y
acciones urgentes a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, para que adopten
medidas adecuadas para la realización efectiva del derecho humano a la paz, de acuerdo
con lo establecido en la Parte I de esta Declaración. Los Estados darán la debida
consideración a dichas recomendaciones y llamamientos;
e.) Elaborar, por iniciativa propia o a petición de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos, los informes que considere necesarios en caso de amenaza inminente o violación grave al derecho humano a la paz, en los términos definidos en la Parte I de la presente Declaración;
f.) Presentar un informe anual de actividades a la Asamblea General, al Consejo de
Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos, en el que incluirá las recomendaciones y
conclusiones que estime necesarias para la promoción y protección efectiva del derecho
humano a la paz, prestando una atención especial a las situaciones relacionadas con los
conflictos armados;
g.) Preparar, a la atención de la Asamblea General, un proyecto de convención
internacional sobre el derecho humano a la paz, que incluya un mecanismo procesal de
verificación y control de su aplicación plena y efectiva. El futuro mecanismo convencional y el Grupo de Trabajo coordinarán sus funciones, evitando la duplicación de funciones;
h.) Contribuir a la elaboración de definiciones y normas relativas al crimen de
agresión y a los límites de la legítima defensa;
i.) Remitir al Fiscal de la Corte Penal Internacional o a cualquier otra jurisdicción
penal internacional competente toda información fidedigna sobre cualquier situación en que parezcan haberse cometido crímenes de la competencia de la Corte o de la jurisdicción penal internacional de que se trate;
j.) Aprobar por mayoría de sus miembros los métodos de trabajo para el
funcionamiento ordinario del Grupo de Trabajo, los cuales habrán de incluir, entre otras,
reglas aplicables a la designación de la Mesa, así como a la adopción de sus decisiones,
recomendaciones e informes.
2.- Si bien el Grupo de Trabajo tendrá su sede en Nueva York y se reunirá durante tres
períodos ordinarios de sesiones cada año, así como en períodos extraordinarios de sesiones, podrá reunirse en otros lugares que se determinen de conformidad con sus métodos de trabajo. El Grupo de Trabajo dispondrá de una Secretaría permanente que será proporcionada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Su financiación,
incluyendo las investigaciones in loco y sus períodos de sesiones, correrá a cargo del
presupuesto regular de las Naciones Unidas.
Disposiciones finales
1.- Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere a cualquier Estado, grupo o persona derecho alguno para emprender o desarrollar cualquier actividad o realizar cualquier acto contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, o tendente a suprimir o violar cualquiera de las disposiciones de la presente Declaración, del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del trabajo, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal o el derecho internacional de los refugiados.
2.- Las disposiciones de esta Declaración se entenderán sin perjuicio de cualquier otra
disposición más propicia para la realización efectiva del derecho humano a la paz,
enunciada en virtud de la legislación interna de los Estados o resultante del derecho
internacional en vigor.
3.- Todos los Estados deben aplicar de buena fe las disposiciones de la presente
Declaración, adoptando las medidas pertinentes de carácter legislativo, judicial,
administrativo, educativo o de otra índole, que fueran necesarias para promover su
realización efectiva.
